El gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar la “estructura represiva y antidemocrática” del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El Departamento de Estado anunció un aumento en las recompensas económicas por información que conduzca al arresto o condena de Maduro y otros funcionarios clave, elevando la recompensa a 25 millones de dólares por información relacionada con Maduro y su ministro del Interior, Diosdado Cabello. También se ha establecido una nueva recompensa de 15 millones de dólares por datos sobre el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
Paralelamente, el Departamento del Tesoro sancionó a ocho altos funcionarios vinculados al régimen por su papel en la represión y violaciones de derechos humanos. Entre ellos se encuentra Héctor Andrés Obregón Pérez, presidente de la petrolera estatal PDVSA, quien es considerado clave en la generación de ingresos ilícitos que sustentan al régimen. También fue sancionado Ramón Celestino Velásquez Araguayán, presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA) y ministro de Transporte, así como Douglas Arnoldo Rico González, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), señalado por violaciones graves de derechos humanos. Estas medidas buscan no solo comprometer a los responsables, sino también reforzar la transición democrática en Venezuela. La estrategia incluye sanciones financieras que bloquean bienes e intereses relacionados con los sancionados y prohíben cualquier transacción con entidades estadounidenses.
El contexto político es tenso, ya que Maduro asumió un nuevo mandato tras unas elecciones disputadas el 28 de julio de 2024, que muchos consideran fraudulentas. La oposición, liderada por Edmundo González, ha sido respaldada por varios países, incluyendo Estados Unidos, que lo reconocen como el presidente electo. Las protestas contra Maduro han aumentado en varias ciudades, reflejando el creciente descontento social en Venezuela.
