A casi dos décadas de su muerte, el legado de Augusto Pinochet vuelve al centro del debate en Chile. La Corte Suprema del país sudamericano ha dictaminado que la familia del exdictador debe devolver al Estado más de 16 millones de dólares que fueron malversados durante su régimen militar (1973-1990).
El fallo, emitido esta semana, ratifica la sentencia dictada previamente por la Corte de Apelaciones y cierra uno de los capítulos más prolongados relacionados con el desvío de fondos públicos durante la dictadura. La suma millonaria corresponde a dineros que Pinochet y sus allegados ocultaron mediante cuentas bancarias secretas en el extranjero, especialmente en el caso conocido como “Riggs Bank”.
La justicia chilena determinó que los bienes acumulados no podían ser justificados con los ingresos oficiales de Pinochet como jefe de Estado y comandante en jefe del Ejército. Los magistrados recalcaron que se trató de un “acto de corrupción institucionalizada” que debe ser reparado.
Los herederos del general deberán ahora enfrentar procesos civiles para la restitución de los montos, en lo que representa un hito judicial en el país. Diversas organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión, considerándola un paso hacia la reparación histórica.
Este fallo llega en un momento de reflexión nacional, cuando se discute con fuerza el papel de la memoria, la justicia y la rendición de cuentas frente a los crímenes económicos y de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
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