Mientras el senador Miguel Uribe Turbay lucha por su vida en un hospital, en Colombia se ha abierto un debate sobre el futuro judicial del joven que aparece como el principal sospechoso.
La tarde del pasado sábado Uribe recibió dos impactos de bala en la cabeza. En medio de la conmoción general y tras una breve persecución, se dio con la captura del joven, quetentat recibió un disparo en una pierna. Las autoridades revelaron que se trata de un menor de 14 años con una personalidad “completamente conflictiva” y que formó parte de un programa gubernamental para jóvenes.
Las autoridades creen que el menor, quien se encuentra hospitalizado en una clínica cerca al lugar de los hechos, es un “asesino a sueldo”. “Somos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprehendido es apenas un ejecutor material”, ha manifestado la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
El adolescente vivía con una tía en un barrio de clase baja ubicado en el occidente de la capital colombiana. Su madre falleció y su padre se encuentra en Polonia. En este contexto, el menor fue contactado a finales de mayo por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) para que participase en el programa Jóvenes en paz, algo que fue confirmado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
En un video que circula en redes del momento de su detención se le oye decir mientras permanece reducido en el suelo: “Fue el man de la ‘olla’ (zonas en las que operan redes de microtráfico), yo digo quién fue, déjenme darle los números”. En las imágenes también se le escucha gritar: “Perdón, lo hice por plata, por mi familia”.
La Fiscalía ya anunció que le imputará al menor los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, cuya sanción máxima es de ocho años de arresto, pues los castigos son más bajos cuando los comete un menor de edad.
De ser hallado culpable, el joven no irá a una cárcel, sino que sería recluido en uno de los llamados Centro de Atención Especializada, en donde están detenidos los menores de entre 14 y 17 años que han cometido un delito.
(Con información de www.elpais.com)
