En horas de la tarde de este miércoles, el contralor Anel “Bolo” Flores anunció que se presentarán ante la Corte Suprema de Justicia dos demandas: una de inconstitucionalidad y otra de nulidad. Ambas acciones legales están relacionadas con el acuerdo que, desde hace más de dos décadas, rige la operación de los principales puertos del país en manos de Panama Ports.
El funcionario explicó que en el informe de auditoría entregado el pasado 7 de abril se reflejaron “muchas irregularidades” en el contrato.
“El día de hoy, la Contraloría, salvaguardando los intereses del país, hizo la presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia, una de inconstitucionalidad y otra por nulidad, referente a los contratos de Panama Ports. El 7 de abril la Contraloría entregó el informe de auditoría que se efectuó en esa empresa y vimos muchas irregularidades, encontramos que no solo era un contrato leonino, sino también abusivo contra los intereses del país”, comentó Flores.
El contralor señaló que la extensión del contrato con la empresa no cumplió con los trámites correspondientes y es considerada “fuera de la ley”.
“No solamente era un contrato malo, sino leonino, abusivo contra los intereses del país”, dijo el contralor y agregó que es deber de su despacho defender los fondos públicos y actuar con firmeza cuando se identifiquen posibles perjuicios económicos.
Flores también informó que existen reportes internacionales sobre transacciones multimillonarias en torno a activos vinculados a Panama Ports en distintos países, sin que la República de Panamá esté contemplada en esos movimientos.
“Creo que estamos muy claros de que ahí están hablando de transacciones... que no incluyen a la República de Panamá”, sentenció.
En los últimos años, distintas administraciones gubernamentales han sido cuestionadas por la falta de transparencia en la ejecución del contrato con Panama Ports, y por los bajos aportes que recibe el país en comparación con la magnitud de las operaciones.
Durante la conferencia de prensa, el contralor se refirió a las auditorías que se han realizado a las juntas comunales. Dijo que ya se han completado 72 y de estas informó que 13 salieron bien y que los nombres se estarán anunciando próximamente. Del resto, se habla de un perjuicio de 100 millones de dólares.
