Durante el gobierno de 2019-2024, tres entidades del Estado panameño han sido objeto de severas críticas por parte de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil debido a la falta de transparencia en el manejo de recursos estatales. La Asamblea Nacional, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y la Autoridad Nacional de la Descentralización (AND) gestionaron en conjunto un total de $4,330.6 millones, generando desconfianza e indignación pública.
Asamblea Nacional
En este período, la Asamblea Nacional gastó $950.6 millones, destinando el 90% de su presupuesto al pago de planilla y gastos operativos. Con una plantilla de aproximadamente 4,200 funcionarios, la entidad ha sido cuestionada por la falta de eficiencia y la necesidad de contar con unos 400 asesores, cuyo costo anual es de $14 millones. Este aumento de asesores representa un incremento del 408% en comparación con 2010, cuando solo había 81 asesores con un costo anual de $1.9 millones. El magistrado Alfredo Juncá subrayó la necesidad de “despolitizar” la Asamblea Nacional durante la entrega de credenciales a los diputados electos.
Ifarhu
El Ifarhu, con un presupuesto de $2,215.2 millones, fue la entidad que más fondos recibió entre las tres mencionadas. Sin embargo, su gestión generó controversia debido a la asignación discrecional de auxilios económicos. Aunque se supone que estos auxilios beneficien a los estudiantes más necesitados, muchos fueron otorgados a funcionarios, familiares de ministros, diputados, diplomáticos, y personas sin necesidades económicas aparentes, incluido el presidente Laurentino Cortizo.
Entre julio de 2019 y mayo de 2023, se registraron 2,144 beneficiarios de estos auxilios con un gasto de $141.6 millones, una cifra que representa solo una parte del total. Aún se desconocen los beneficiarios de otros 2,759 desembolsos. Además, el exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, se negó a entregar los expedientes de los beneficiarios a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), argumentando la protección de datos personales. El contralor Gerardo Solís decidió ocultar el nombre del 56% de los beneficiarios, decisión que Antai consideró inaceptable, destacando que los fondos del Ifarhu son públicos y deben ser manejados con total transparencia.
AND
La Autoridad Nacional de la Descentralización, con gastos de $1,164.8 millones, también fue criticada por el manejo opaco de los fondos. El escándalo conocido como la “descentralización paralela” reveló que se realizaron desembolsos por al menos $260.9 millones a juntas comunales controladas por militantes o aliados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fuera de la fórmula establecida por la ley de descentralización. El director de la AND, Edward Mosley Ibarra, obtuvo un amparo de garantías constitucionales que impidió al procurador de la Administración, Rigoberto González, investigar los supuestos desvíos de fondos. Ernesto Cedeño, abogado y diputado electo, lamentó la falta de rendición de cuentas y expresó su esperanza de que la nueva administración (2024-2029) nombre un director que sí lo haga.
Con los $4,330.6 millones gestionados por estas entidades, se podrían haber construido dos líneas del Metro, unas 400 escuelas de excelencia como la Guillermo Endara Galimany o 100 estadios como el recién inaugurado Mariano Rivera. Estos ejemplos resaltan el potencial desperdicio de recursos que, de haberse utilizado de manera eficiente y transparente, habrían tenido un impacto significativo en el desarrollo del país.
La sociedad panameña espera que las próximas autoridades implementen cambios necesarios para garantizar un uso más transparente y efectivo de los recursos públicos, promoviendo un futuro próspero y equitativo para todos.
Información publicada en prensa.com por Ohigginis Arcia Jaramillo
