El polémico tema del cobro para el acceso a ríos y playas ha permitido poner sobre la mesa, una vez más, la falta de capacidad de las autoridades locales y nacionales para abordar temas complejos que impactan a la población.
La llegada de la temporada seca y la afluencia masiva de personas a estas áreas solo ha hecho más visible asuntos que se repiten a lo largo del año, como son la inseguridad ciudadana y la mala disposición de los desechos que se generan.
Frente a estas situaciones la alternativa más fácil para las autoridades locales ha sido imponer cobros a los usuarios, opción que además de no resolver los problemas de fondo, contraviene disposiciones constitucionales.
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Nadie habla de la aplicación de políticas nacionales que, por ejemplo, eduquen a la población en el manejo de la basura que genera y el cuidado de entornos tan sensibles como ríos y playas. Mucho menos se orienta a los ciudadanos a promover la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás y el autocuidado.
Las estrategias siempre son impositivas, y no preventivas. ¡Qué lástima!
