La Fiscalía Anticorrupción imputó cargos por el presunto delito de peculado a José Ruiloba Pineda, exjefe de personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y sobrino del diputado del PRD Raúl Pineda, en un caso que involucra la supuesta duplicidad en el cobro de cheques vinculados al Programa de Ayudas de la institución.
Según información publicada por el diario La Prensa, la investigación se inició tras detectarse inconsistencias millonarias en pagos que habrían sido utilizados para financiar planillas paralelas, en las que figuran personas que no realizaban funciones concretas. En total, 14 personas más están bajo investigación en este proceso.
El pasado 30 de mayo, Ruiloba compareció ante la Fiscalía tras conocer que era objeto de una investigación. Posteriormente, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la medida cautelar de notificación los días 15 y 30 de cada mes y el impedimento de salida del país.
Un juez de garantías validó la imputación, al considerar que el exfuncionario habría participado en actividades que causaron una grave lesión patrimonial al Estado.
Además de este proceso, Ruiloba ya había sido denunciado en 2024 por la exdiputada Zulay Rodríguez, también del PRD, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del programa Techos de Esperanza, donde se habrían manejado al menos $2.5 millones y contratado a más de 2,200 personas.
La trayectoria de Ruiloba ha estado previamente marcada por controversias. En 2020, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) lo sancionó tras comprobar que, en un audio filtrado, exigía a sus colaboradores dar “likes” a publicaciones en favor del entonces ministro Rogelio Paredes. El hecho fue considerado como una conducta que afectaba la buena marcha del servicio público, aunque posteriormente el funcionario ofreció disculpas públicas.
El caso sigue bajo investigación por parte del Ministerio Público, que busca determinar el alcance de las responsabilidades individuales en el uso indebido de recursos estatales destinados a programas sociales.
