Unos 541 ciudadanos que se encuentran imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado, en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, en el denominado caso de compensación de buses “diablos rojos”, esperan que la jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, califique el sumario y determine cuántos van a juicio.
Esto luego que concluyera la audiencia preliminar que duró 40 días, la jueza también debe resolver 274 solicitudes que fueron aducidas ante el tribunal durante el desarrollo de este juicio. De la cifra señalada se desprende que se presentaron 43 incidentes de nulidad, 227 incidentes de prescripción, 1 solicitud de extinción de la acción penal y 3 solicitudes varias.
A petición de la defensa, la jueza primera liquidadora resolvió en el acto de audiencia 6 solicitudes de modificación de medidas cautelares, de las cuales 5 fueron concedidas y 1 negada. Asimismo, se presentó una solicitud de permiso de salida de país, que fue negada.
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La audiencia que se inició el 14 de marzo y culminó el viernes 13 de mayo de 2022 se desarrolló en el gimnasio Roberto Durán, para garantizar las medidas de bioseguridad por la gran cantidad de partes que intervinieron en este proceso penal.
Este proceso penal consta de 683 tomos y la asistencia legal de los imputados está a cargo de 238 defensores particulares y de 20 defensores públicos. El Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Anticorrupción de Descarga, Kyra Tascón y Anilú Batista.
Este caso está relacionado con el proceso de rescate administrativo del sistema de transporte público colectivo de pasajeros para la implementación del nuevo sistema de movilización masiva en los distritos de Panamá y San Miguelito.
