El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, solicitó este martes la intervención del defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, para mediar en la búsqueda de una solución a las recientes medidas administrativas implementadas por la Contraloría General de la República en la casa de estudios. Según el rector, nunca antes se había tomado una decisión tan drástica como la remoción de los funcionarios de la Dirección de Control Fiscal de la universidad, lo que ha dejado en vilo el cumplimiento de funciones esenciales, especialmente la administración de las cafeterías universitarias que ofrecen menús a bajo costo para los estudiantes.
Flores Castro argumentó que la Universidad de Panamá ha cumplido con las normas de control presupuestario y que siempre ha existido comunicación transparente con la Contraloría. Sin embargo, la reciente suspensión de la Oficina de Control Fiscal dentro del campus ha causado problemas en la gestión de servicios básicos, afectando también a los diez centros regionales del país.
La Contraloría justificó la medida alegando motivos de seguridad para su personal, debido a protestas y manifestaciones en la universidad, y aclaró que la decisión es temporal hasta que se restablezcan las condiciones necesarias para la seguridad de sus funcionarios.
El rector pidió que, a través de la Defensoría del Pueblo, se gestione ante la Contraloría una excepción en la resolución 1510-DNFG para que las cafeterías universitarias puedan operar bajo las mismas condiciones que las facultades de Medicina y Ciencias Agropecuarias, permitiendo refrendar gastos hasta por 50 mil balboas.
