Panamá, durante décadas, fue reconocido por sus bajos índices de criminalidad en comparación con otras naciones de la región. Sin embargo, hoy enfrentamos una realidad preocupante: la creciente ola de violencia, especialmente los llamados “ajusticiamientos”, se ha convertido en una amenaza latente que las autoridades aún no logran contener de manera efectiva.
Nuestro país, por su posición estratégica, tiene la responsabilidad de mantener la seguridad como una prioridad. El Canal de Panamá, el turismo, la inversión extranjera y el desarrollo económico dependen en gran parte de la estabilidad social y la percepción internacional de seguridad. La historia ha demostrado que los países con altos niveles de inseguridad pierden atractivo para la inversión, lo que puede llevar a que empresas ya establecidas migren hacia entornos más seguros.
Según datos recientes de la Procuraduría General de la Nación, entre enero y marzo de 2025 se registraron 139 homicidios. Esta cifra es alarmante considerando la población del país y marca una tendencia que, de continuar, podría cerrar el año con más de 550 muertes violentas. Un escenario que pondría en entredicho nuestra reputación de nación segura.
Mientras trabajamos para reactivar la economía, fomentar el turismo y generar empleo, no podemos permitir que la criminalidad desdibuje estos esfuerzos. La inacción o la falta de medidas contundentes por parte de las autoridades podría tener consecuencias catastróficas.
La Procuraduría General de la Nación admitió esta querella contra los tres magistrados del Tribunal El¿Qué podemos hacer entonces?
Aquí algunas propuestas que podrían marcar la diferencia:
1. Operaciones de inteligencia y cooperación internacional: Establecer alianzas con países que han logrado reducir significativamente la violencia, como El Salvador, para compartir experiencias y estrategias exitosas.
2. Campañas de concienciación ciudadana: Fomentar una cultura de paz y responsabilidad social a través de medios masivos y educativos.
3. Certeza del castigo: Aplicar la ley con firmeza, sin distinción de clase social, y endurecer las penas para los delitos graves.
4. Programas comunitarios y vecinos vigilantes: Fortalecer el tejido social en las llamadas “zonas rojas” con apoyo comunitario, seguridad preventiva y vigilancia organizada.
5. Alternativas económicas en áreas vulnerables: Crear comunas de apoyo donde se estimule el emprendimiento y se generen oportunidades de ingresos honestos.
La inseguridad no es solo un problema de las autoridades: es una responsabilidad de todos. El momento de actuar es ahora, antes de que los índices nos desborden y se pierda lo que Panamá ha construido con tanto esfuerzo: una imagen de paz, orden y progreso.
