Byron Tellez estaba en su domicilio en Ciudad de Panamá la madrugada del World Pride cuando dos hombres tocaron su puerta y le golpearon. Le propinaron una paliza que le dejó inconsciente mientras los perpetradores arrastraron su cuerpo al apartamento de la planta superior.
Tellez, de origen nicaragüense y quien se declara abiertamente homosexual, había mantenido minutos antes una discusión con su vecina y recibido insultos por su orientación sexual.
Según relató, la Policía no dio respuesta, la Fiscalía no recibió la denuncia y, tras varios intentos, y con la Defensoría del Pueblo como apoyo, una juez de paz tomó declaración de los hechos.
Nicolás Rodríguez, panameño y activista, se encontraba en su hogar cuando sintió un fuerte olor a aerosol. No sabe quién le vandalizó su casa. “Negro gai” y “Cueco te voy a matar”, fueron las frases que escribieron en la fachada, tras recibir llamadas amenazantes durante varios días, después de la celebración del Orgullo.
Rodríguez también acudió a las autoridades y quedó sin respuesta. “Se pasan la pelota de unos a otros”, aseveró.
Ambos hechos sucedieron en las últimas semanas, durante el mes del Orgullo, en Panamá, uno de los países de América Latina más atrasados en materia de igualdad y lucha contra la discriminación por orientación sexual.
Las agresiones “han aumento significativamente. Ha habido una escalada de violencia a nivel nacional e internacional hacia las personas LGTBIQ+ muy de la mano con discursos del odio, propagados por grupos antiderechos”, dijo en una entrevista el presidente de la Fundación Iguales, Iván Chanis.
Chanis relató que su fundación recibe “constantemente en redes sociales consultas de personas que han sido agredidas verbal, físicamente, incluso agredidas dentro de su residencia por vecinos”, y apuntó que tras “la marcha del orgullo muchos fueron objeto de violencia física”.
Esta escalada de violencia también fue denuncia por el comité del World Pride en Panamá, pues sus “organizaciones están recibiendo denuncias de ataques homofóbicos, que no han sido atendidos adecuadamente ni ofrecido la protección solicitada por las víctimas”, señaló un comunicado.
INACCIÓN DE LAS AUTORIDADES Y FALTA DE PROTECCIÓN
Estas personas son “revictimizadas por el sistema de justicia, pues no se trata a la víctima de la manera adecuada ni se le da el nivel de protección que el Estado está obligado a dar”, una inacción que “empodera al perpetrador” y que se vuelve un problema “cíclico”, alertó Chanis.
Durante la pandemia, ONG internacionales y la Defensoría del Pueblo alertaron sobre los abusos cometidos por la Policía Nacional contra la población trans, que fue invisibilizada al no estar representada en ninguna de las restricciones que dividían por sexo los días de movilidad.
Esta situación deriva del “letargo jurídico” que arrastra Panamá, pues no hay leyes de protección hacia este colectivo vulnerable ni que promuevan su igualdad, como el caso del matrimonio civil igualitario, a diferencia de sus vecinos Colombia y Costa Rica.
CONSERVADURISMO
Panamá fue el último país hispanoparlante de Latinoamérica en despenalizar la homosexualidad en 2008, pero aún mantiene leyes y normas que atentan contra el colectivo.
Por ejemplo, un decreto de 1997 que rige a la Policía y los Bomberos considera como “faltas gravísimas de conducta” que se practiquen el “lesbianismo” y el “homosexualismo”.
El colectivo LGTBIQ+ además no está representado en la política panameña, resaltó Chanis. En esta esfera más bien abundan los discursos y posturas abiertamente homófobas.
En la Asamblea Nacional se siguen impulsando leyes discriminatorias, como una aprobada en marzo pasado que impide a las parejas del mismo sexo adoptar, y desde 2016 no se resuelven en la Corte Suprema ni en el Tribunal Electoral demandas sobre el unión de personas del mismo sexo.
“ES TAN FÁCIL COMO RESPETAR EL DERECHO INTERNACIONAL”
A juicio de Chanis, Panamá podría dar “ese salto” si el sistema judicial respetara el derecho internacional, como lo establece la Constitución.
“Es contradictorio. Si tuviéramos un sistema de justicia que fuera efectivo, y que realmente aplicara los convenios internacionales, esas leyes no existieran”, explicó.
Es “tan fácil como que toda ley que vaya contra del derecho internacional y los derechos humanos se considera inconstitucional por ende debe ser derogada”, concluyó Chanis, quien se mantiene positivo ante el avance paulatino de la sociedad panameña hacia una sociedad más igualitaria.
