La justicia española abrió una investigación penal contra el cantante Julio Iglesias, de 83 años, tras admitir una querella presentada por dos exempleadas que lo acusan de presuntas agresiones sexuales, lesiones y trato degradante mientras trabajaban en sus propiedades en el Caribe.
La Audiencia Nacional admitió la querella contra el intérprete de éxitos como Me olvidé de vivir, considerado uno de los artistas latinos más exitosos internacionalmente. El juez Antonio Piña consideró que los testimonios de las denunciantes contienen indicios suficientes para iniciar las pesquisas, aunque esto no significa que los hechos estén probados, destaca la prensa española este miércoles.
Las dos mujeres fueron citadas a declarar presencialmente el próximo 3 de febrero de 2027, fecha en la que deberán ampliar sus relatos ante el magistrado.
Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en 2021, cuando ambas trabajaban en residencias del artista en Bahamas y República Dominicana. Las exempleadas aseguran haber sufrido agresiones sexuales, acoso, malos tratos y condiciones laborales abusivas.
Presuntas pruebas
Entre las pruebas aportadas figura una fotografía de un hematoma en el brazo de una de las denunciantes, además de marcas en un muslo que, según la querella, podrían corresponder a una mordedura relacionada con actos sexuales que habrían sido forzados.
Las mujeres también denunciaron que el cantante les revisaba regularmente los celulares, les prohibía salir de la vivienda donde trabajaban y les imponía jornadas de hasta 16 horas, sin días libres ni contrato laboral.
El juez, sin embargo, rechazó investigar los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que también estaban incluidos en la querella. Tampoco concedió a las denunciantes la condición de testigos protegidos ni ordenó medidas de alejamiento, al considerar que no se aportaron elementos concretos que acreditaran un riesgo especial.
Julio Iglesias ha calificado las acusaciones de “absolutamente falsas” y ha negado haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a alguna mujer.
La investigación también deberá determinar si algunos de los delitos denunciados han prescrito, mientras la justicia española examina su competencia para investigar hechos presuntamente ocurridos fuera de su territorio.


