El cantante colombiano Charlie Zaa, cuyo nombre es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, vuelve a estar en el centro de un proceso judicial por su patrimonio. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la extinción de dominio de seis bienes relacionados con el artista, dentro de una sentencia contra diez exintegrantes del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La decisión fue conocida el 29 de septiembre de 2026 y afecta propiedades valoradas, según el fallo citado por medios colombianos, en más de 23.775 millones de pesos colombianos.
¿Cuáles son los bienes?
La medida comprende dos locales comerciales del Centro Comercial Oasis, en Girardot, Cundinamarca; un lote urbano en Guamo; otro lote urbano en Lérida; la Hacienda Guamal, en San Luis, Tolima; y un terreno con mejoras ubicado también en Girardot. Uno de los locales del Oasis está valorado en 15.840 millones de pesos.
La sentencia se produjo dentro del proceso contra diez exintegrantes del Bloque Tolima. El expediente judicial examina, entre otros asuntos, las fuentes de financiación y el patrimonio relacionado con esa estructura paramilitar, además de hechos de violencia ocurridos entre 2001 y 2005.
Documentos judiciales anteriores ya muestran que las autoridades venían rastreando propiedades vinculadas al expediente. Un fallo publicado por la Fiscalía señala, por ejemplo, que en 2020 se ordenó reabrir una investigación sobre un inmueble en Girardot y citar a Charlie Zaa y otras personas para establecer su posible relación con el bien.
Charlie Zaa ha defendido su patrimonio
Zaa ha rechazado previamente los señalamientos. Cuando se conocieron las actuaciones de la Fiscalía en julio, aseguró que había construido durante más de 30 años su carrera y el patrimonio de su familia mediante su trabajo en la música, y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.
La decisión de extinción de dominio recae sobre los bienes y no equivale por sí misma a una condena penal contra Charlie Zaa. Además, según información publicada sobre el fallo, existe la posibilidad de interponer recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Los bienes afectados, incluidos sus frutos y rendimientos financieros conforme al fallo, quedarían destinados al Fondo para la Reparación de las Víctimas, dentro de los mecanismos establecidos para indemnizar y reparar a afectados por el conflicto armado colombiano.
