Las delegaciones del Gobierno venezolano y de un sector opositor cerraron este miércoles 12 de agosto su primera ronda de conversaciones con acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la atención a las víctimas de los terremotos registrados el 24 de junio.
Un primer paso en medio de la crisis
El diálogo, impulsado con respaldo de la administración de Donald Trump, reunió a representantes del chavismo y de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Las partes acordaron activar un nuevo proceso para postular y designar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, una institución cuya independencia ha sido cuestionada durante los últimos años.
También pactaron mecanismos para atender a las personas afectadas por los sismos de junio y avanzar en la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra. Los recursos serían utilizados para responder a la emergencia, bajo procedimientos de transparencia, seguimiento y auditoría.
Por ahora, los acuerdos no incluyen compromisos concretos sobre elecciones, presos políticos ni una salida integral a la crisis institucional y política que enfrenta el país.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó el resultado como un avance inicial.
“Saludo y celebro este primer paso en el proceso de diálogo”, expresó, al señalar que espera que las conversaciones ayuden a mejorar la convivencia democrática y produzcan beneficios para los venezolanos.
Oposición dividida ante los resultados
La líder opositora María Corina Machado no participa directamente en la mesa y, hasta el cierre de esta nota, no había emitido una posición sobre los acuerdos.
Machado ha manifestado que no será un obstáculo para ninguna iniciativa que genere avances reales, aunque su sector no forma parte de manera directa de esta negociación.
Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia y cercano a Machado, defendió la renovación del TSJ. A su juicio, recuperar la independencia de la justicia es necesario para desmontar el aparato represivo y abrir la puerta a una transición democrática con elecciones libres.
“La designación de un nuevo TSJ es urgente y necesaria para avanzar en la reinstitucionalización de Venezuela”, afirmó Guanipa.
Sin embargo, otros dirigentes opositores consideraron insuficientes los resultados. Andrés Velásquez, integrante de la Plataforma Unitaria Democrática, dijo que lo acordado fue “poco y decepcionante” porque la población esperaba que la primera ronda incluyera la liberación de todos los presos políticos.
Perkins Rocha, coordinador de Vente Venezuela, también cuestionó las prioridades de la negociación. Desde su arresto domiciliario, criticó que se haya hablado primero de recuperar el oro y los activos venezolanos, mientras la libertad de los detenidos por motivos políticos sigue sin una respuesta.
Qué cambia con la reforma judicial
El acuerdo contempla revisar las normas relacionadas con el Tribunal Supremo, modificar el sistema de postulaciones y reorganizar los mecanismos encargados de evaluar a los aspirantes a magistrados.
La intención declarada es renovar por completo la máxima corte venezolana y crear un procedimiento con mayores controles sobre los candidatos. Sin embargo, todavía no se conocen todos los detalles del cronograma ni la forma en que se garantizará la participación de sectores independientes.
La renovación del TSJ es uno de los puntos más delicados de la negociación, debido al peso que tiene ese tribunal en decisiones electorales, políticas y judiciales.
Próxima etapa
Las delegaciones prevén continuar las conversaciones después de este primer ciclo. El reto será convertir los compromisos anunciados en acciones verificables y ampliar la agenda hacia los temas que quedaron fuera, como las garantías electorales, la liberación de presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
El resultado de la mesa también dependerá de si logra sumar a otros sectores de la oposición y generar confianza en una población que ha visto fracasar varios intentos de diálogo en los últimos años.
