El gobierno nicaragüense, liderado por el presidente Daniel Ortega, ha ordenado a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que cierre sus oficinas en Managua, alegando que la organización difundió información falsa sobre los niveles de hambre en el país.
Esta decisión se produce tras la publicación de un informe de la FAO que indica que el porcentaje de nicaragüenses desnutridos aumentó del 19,2% al 19,6% entre 2021 y 2023, lo que equivale a 1,4 millones de personas.
La administración de Ortega acusó a la FAO de carecer de objetividad y rigor metodológico, y afirmó además que el informe contenía datos no autorizados y no validados. Según el gobierno, las conclusiones del informe fueron un intento con motivaciones políticas de desacreditar sus esfuerzos para combatir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria. En respuesta, Nicaragua anunció su retirada de la FAO y exigió el cierre inmediato de sus oficinas.
El gobierno nicaragüense no ha dudado en tomar medidas contra las organizaciones internacionales, como demuestra el cierre de las oficinas de la FAO en Managua un día después de recibir la orden.
Anteriormente, el gobierno había expulsado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en agosto de 2018 después de que la oficina publicara un informe denunciando violaciones de los derechos humanos.
