El candidato a gobernador de una de las provincias más grandes de Colombia estaba acostumbrado a andar en bicicleta libremente por la ciudad, manejando con las ventanillas abajo y bebiendo un café oscuro en tazas pequeñas conocido como “tinto” con los votantes hasta altas horas de la noche.
Luego comenzaron a llegar los mensajes amenazantes que lo declaraban un "objetivo militar".
"No vamos a permitir que los guerreristas paramilitares y aliados de la oligarquía corrupta se apoderen de esta región del país", advertía una carta que afirmaba haber sido escrita por rebeldes disidentes de uno de los otrora grupos guerrilleros más grandes de Colombia. "Hemos retomado las armas para defender la revolución", agregó.
Su esposa le rogó que dejara la campaña para las elecciones locales del domingo. Estos comicios, para alcaldes y gobernadores, son los primeros desde que el acuerdo de paz puso fin a uno de los conflictos más largos de Latinoamérica.
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En medio de ataques de ansiedad, recordó su propia infancia sin padre, preocupado de que si continuaba podría dejar a su hijo de 5 años sólo con su madre. Sin embargo, al final, el profesor universitario decidió que no cedería. Puso su fe en Dios y en un chaleco antibalas.
"Realmente, si me quieren hacer un daño, me lo van a hacer", dijo Florez.
A pesar del acuerdo histórico, postularse para un puesto de elección pública en Colombia sigue siendo riesgoso. En meses recientes, dos candidatos murieron baleados y murieron en vehículos de campaña incendiados. Otros a duras penas pudieron esquivar las balas de agresores anónimos y uno más recibió una caja de rosas con una bala atada entre los tallos.
Una vez más, aumenta la violencia electoral después de llegar a su menor nivel en la historia, según grupos de monitoreo independientes. En total, siete candidatos han sido asesinados y decenas más amenazados antes de la elección del domingo. Se trata de muestras preocupantes de que los viejos patrones de violencia persisten incluso sin los rebeldes atacando los centros de votación.
"Es una paradoja", dijo Camilo Vargas, coordinador del organismo Misión de Observación Electoral de Colombia. "La desmovilización de una de las guerrillas más grandes en Latinoamérica produce violencia. Debería ser lo opuesto".
La Misión de Observación Electoral ha contabilizado hasta el momento 108 incidentes violentos contra candidatos, que van desde notas amenazantes hasta ataques mortíferos con armas. La cifra representa un aumento de los 74 de 2015, cuando los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estaban en conversaciones con el gobierno y habían declarado un cese del fuego.
Aunque las autoridades culpan en gran parte a los rebeldes disidentes y a los cárteles, los analistas consideran que esos grupos no son los responsables de la mayoría de los actos violentos. Una serie de candidatos han sido amenazados o asesinados en áreas en donde los grupos armados ilegales no tienen presencia. La nueva violencia también tiene en la mira a candidatos de todo el espectro político.
"Esta violencia electoral no es explicable de acuerdo con las condiciones de post-conflicto", dijo Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
El gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, probablemente ha dado un paso más que cualquier otro gobierno para aumentar la seguridad de los candidatos, montando nuevos medios para que los contendientes reporten amenazas, destinando millones de dólares para proteger a algunos de los 2.050 candidatos y contratando alrededor de 8.000 guardaespaldas.
En una entrevista con The Associated Press, Duque dijo creer que los niveles históricos de cultivo de cocaína que heredó su administración han contribuido a la violencia, al financiar a los grupos armados ilegales que también han matado a cientos de líderes sociales.
"Sabemos que es una amenaza", dijo. "Pero creemos que hemos tomado las decisiones correctas".
Colombia tiene una historia larga y brutal en lo que se refiere a violencia política.
El asesinato del populista Jorge Eliécer Gaitán en 1948 desencadenó un conflicto entre los partidos Conservador y Liberal del país, que dejó a decenas de miles de muertos. En la década de 1980, muchos políticos afiliados al Unión Patriótica, un partido alineado con los ahora disueltos rebeldes, murieron baleados. Luis Carlos Galán estaba destinado a ganar la presidencia cuando lo mataron a balazos en 1989 después de hablar en contra de los poderosos cárteles.
“Durante los años de conflicto armado, hubo muchos, muchos actos contra las elecciones”, dijo Cynthia Arnson, directora del programa para Latinoamérica del Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos.
Cuando Florez se enteró del mensaje amenazante que circulaba en un pequeño pueblo en las afueras de Bogotá donde hizo campaña, dijo que la respuesta de las autoridades fue equiparlo con un chaleco antibalas y una guía de autoprotección.
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La guía incluía consejos como evitar muchedumbres y no anunciar en donde se llevarían a cabo los eventos, algo imposible para un candidato a un cargo público. A donde sea que vaya, él viaja en un vehículo blindado, acompañado de varios guardaespaldas.
A pesar de su compromiso inquebrantable, Florez dijo que no puede evitar momentos en los que tiene miedo. "El ser humano que está detrás del candidato sí se preocupa", comentó.
Con la mayoría de los crímenes sin resolverse, no queda claro quién está detrás de tanta violencia. Estudios de la organización de Ávila indican que los grupos armados ilegales son los responsables de sólo 20% de las amenazas y ataques. Una teoría dominante es que los candidatos afiliados con las familias que desde hace mucho tiempo han dirigido las oficinas de gobierno locales podrían estar recurriendo a la violencia contra sus competidores, al ver amenazados sus intereses económicos y políticos.
"Lo hemos visto antes en la historia colombiana", dijo Vargas.
El expresidente Juan Manuel Santos anunció orgullosamente la elección presidencial del año pasado como la más segura en la historia del país. Ningún sitio de votación tuvo que ser reubicado por motivos de violencia. Grupos como la Misión de Observación Electoral esperan que este año haya menos problemas en los centros de votación, pero señalan que es sólo un indicador de la seguridad.
"No estamos de acuerdo en que estas elecciones son más pacíficas en términos de violencia contra candidatos", dijo Vargas.
Donald Ferreira, un excomandante de las FARC que busca un escaño en la asamblea, dijo que se vio obligado a cancelar un reciente evento de campaña después de que miembros de la comunidad reportaran que en las cercanías había hombres sospechosos con armas de fuego preguntando cuándo llegaría su vehículo.
Aunque le proporcionaron un vehículo blindado, Ferreira teme que sus enemigos intenten atacarlo de todas maneras. "Consideramos que no es suficiente", dijo.
Los excombatientes recibieron el jueves un recordatorio de los peligros a los que se enfrentan: un exrebelde fue asesinado por agresores enmascarados en el interior de una zona de desmovilización. Los líderes del partido formado por las guerrillas dicen que consideran la muerte de Alexander Parra un acto de violencia política porque su esposa se postulaba para un puesto público local.
En total, 158 exrebeldes han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz, según Naciones Unidas. La muerte de Parra fue la primera en ocurrir en las 24 áreas de transición del país, que son vigiladas por autoridades.
"Sobre todo la seguridad que necesitamos es una defensa de los derechos humanos", dijo Griselda Lobo, senadora del partido de los excombatientes.
Florez, quien nació en la pobreza y dejó brevemente la escuela a los 12 años para trabajar en una panadería y ayudar a su madre soltera, ganó una beca para la universidad y después cursó un posgrado en la Universidad de Tulane.
Contento con su vida como profesor, dijo que nunca sopesó hacer una carrera política. Sin embargo, después de ver un anuncio en la televisión del partido del expresidente Álvaro Uribe, se sintió obligado a responder el llamado para nuevos líderes.
Sin experiencia política, Florez fue seleccionado inesperadamente como candidato del partido conservador para una gobernación clave y ahora sigue adelante con el programa de aniquilar la corrupción, y mejorar la atención médica y la educación.
Sin embargo, las amenazas de muerte han hecho que analice seriamente dejarlo todo.
Muchos se pusieron más nerviosos cuando se divulgó un segundo mensaje que amenazó a una selección más extensa de candidatos del partido de Uribe. Algunos voluntarios de campaña decidieron renunciar. Otros candidatos quitaron el logo del partido de sus anuncios de campaña. Uno más lo dejó todo.
“Es muy triste lo que está pasando”, dijo Florez. “Si uno quiere trabajar para la comunidad, termina siendo, pues, un objetivo militar”.
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