El gobierno de Donald Trump anunció que la administración federal volverá a utilizar la pena capital tras una moratoria de 16 años y programó las fechas de las ejecuciones para cinco condenados, informó el fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr.
A instancias de Trump, que pide castigos más duros para los crímenes violentos, Barr instruyó a la Oficina Federal de Prisiones a que adopte un nuevo protocolo para el uso de la inyección letal para allanar el camino para ejecutar las sentencias.
“El Departamento de Justicia defiende el imperio de la ley, y le debemos a las víctimas y a sus familias avanzar con la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, dijo Barr.
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El año pasado se efectuaron 25 ejecuciones en Estados Unidos, todas ellas llevadas a cabo por autoridades estatales para personas condenadas por cargos también estatales y no federales.
Debido a los debates sobre los métodos de ejecución y a controversias sobre las drogas utilizadas, además de las reticencias del anterior presidente, el demócrata Barack Obama, ningún prisionero federal había sido ejecutado desde 2003. Los primeros a los que se les aplicará esta medida serán cinco asesinos ya condenados que serán ejecutados en la penitenciaría de Terre Haute, en Indiana.
El primer condenado será ejecutado el 9 de diciembre de 2019. Se trata de Daniel Lewis Lee, miembro de un grupo racista que asesinó a tres personas de una familia, incluyendo a una niña de ocho años, así lo reseña La Prensa de Honduras.
Luego Lezmond Mitchell, que recibirá la inyección letal el 11 de diciembre, por el asesinato de una anciana y de su nieta. Dos días después está programada la muerte de Wesley Ira Purkey, acusado de varios asesinatos.
Un mes después, en enero de 2020, ejecutarán a Alfred Bourgeois, acusado de abusar y luego asesinar a su hija de dos años y medio, y a Dustin Lee Honken, culpable de varias muertes.
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El Departamento de Justicia dijo que todos estos condenados agotaron sus recursos de apelación y que actualmente no hay ningún impedimento a su ejecución.
Barr ordenó que la Oficina de Prisiones ejecute el procedimiento mediante una sola inyección legal del fenobarbital (fenobarbitona), un barbitúrico que reemplaza un método que usaba tres drogas distintas.
La última ejecución federal se produjo en 2003.
