Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, fueron detenidos por las autoridades este jueves tras ser imputados formalmente por el Ministerio Público por el delito de homicidio involuntario, derivado de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, cuando el tejado del establecimiento colapsó durante una concurrida noche, provocando la muerte de 236 personas y dejando 180 heridos.
El desplome del techo, ocurrido en pleno concierto, marcó una de las tragedias más desgarradoras en la historia reciente del país. Testigos describieron escenas de caos, gritos desesperados, cuerpos atrapados bajo los escombros y una evacuación que llegó tarde. Las investigaciones apuntan a negligencia estructural y falta de mantenimiento, elementos que habrían contribuido de forma directa al derrumbe.
Según el Ministerio Público, los informes técnicos determinaron que la infraestructura del local presentaba graves deficiencias en su soporte principal, además de irregularidades en las inspecciones obligatorias de seguridad. Todo esto, a juicio de las autoridades, pudo prevenirse si se hubiese actuado con responsabilidad.
El cargo de homicidio involuntario que enfrentan los hermanos Espaillat contempla una pena que va de tres meses a dos años de prisión, aunque las víctimas y familiares claman por una sanción proporcional a la magnitud de la pérdida.
“Esto no fue un accidente, fue una cadena de omisiones”, dijo uno de los fiscales del caso. Por su parte, colectivos de familiares exigieron una investigación “a fondo” que incluya a posibles funcionarios cómplices de la omisión de controles.
Antonio y Maribel Espaillat permanecen bajo custodia en espera de su primera audiencia ante el juez de garantías, que definirá si se mantienen detenidos mientras avanza el proceso.
