La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una enmienda constitucional que habilita la presencia de bases militares extranjeras en el país, una medida que marca un giro significativo en la política de defensa nacional y que ha generado amplio debate a nivel político y social.
Con esta reforma, impulsada por el presidente Daniel Noboa, se busca fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, uno de los principales desafíos de seguridad que enfrenta Ecuador en los últimos años. La iniciativa fue respaldada por una mayoría legislativa tras intensos debates sobre la soberanía nacional y los beneficios de una mayor asistencia militar extranjera, especialmente de países aliados.
“Esta enmienda es parte de una estrategia integral para recuperar el control del territorio ecuatoriano y enfrentar de manera efectiva al crimen organizado transnacional”, declaró un portavoz del Gobierno tras la votación.
Aunque el Ejecutivo no ha confirmado aún qué países podrían instalar bases en territorio ecuatoriano, fuentes cercanas al Gobierno han señalado que ya existen conversaciones con Estados Unidos y otros aliados estratégicos de la región.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han expresado su preocupación ante los posibles riesgos que esta medida podría representar para la soberanía nacional y la estabilidad regional. Sin embargo, el Gobierno insiste en que la presencia extranjera será regulada, limitada y enfocada exclusivamente en labores de cooperación en seguridad.
La enmienda modifica el artículo de la Constitución que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras, permitiendo ahora su presencia bajo convenios específicos y con fines de seguridad y cooperación internacional.
Se espera que en los próximos días el Ejecutivo anuncie los primeros pasos concretos para la implementación de esta política, en medio de un contexto de creciente violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado en diversas regiones del país.
