Estados Unidos acordó modificar parcialmente sus sanciones contra Venezuela para permitir que el Gobierno de ese país pague los honorarios del abogado defensor de Nicolás Maduro, en una decisión que busca evitar contratiempos en el proceso judicial que enfrenta el exmandatario por narcotráfico.
La medida, revelada en un documento presentado ante la corte federal de Nueva York, elimina una restricción que impedía financiar la defensa legal de Maduro y que, según sus abogados, ponía en riesgo el avance del caso.
Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo. Ambos se han declarado inocentes y permanecen detenidos en Brooklyn a la espera de juicio.
El abogado del exgobernante, Barry Pollack, había solicitado en febrero la desestimación del caso argumentando que las sanciones estadounidenses impedían al Estado venezolano cubrir los costos de la defensa, lo que —según sostuvo— vulneraba el derecho constitucional de su cliente a elegir abogado.
Durante una audiencia en marzo, el juez federal Alvin Hellerstein dejó claro que no tenía intención de desestimar el proceso, aunque cuestionó la justificación del bloqueo de pagos. Por su parte, la Fiscalía defendió que las sanciones respondían a intereses de seguridad nacional y política exterior, señalando además que el poder judicial no puede ordenar cambios en decisiones del Ejecutivo en esta materia.
Con la modificación de las sanciones, las autoridades estadounidenses buscan garantizar que el juicio continúe sin vulnerar los derechos fundamentales de los acusados, en particular el acceso a una defensa legal adecuada, principio aplicable a toda persona procesada en el sistema judicial del país.
