El Gobierno de Nicaragua ha cancelado este miércoles la personalidad jurídica de la Universidad Rubén Darío (URD), constituida en asociación, por supuestas irregularidades administrativas, una medida defendida por el Gobierno de Daniel Ortega que ha servido para cancelar más de diez universidades desde inicios de 2022.
“La Universidad Rubén Darío (URD) está en incumplimiento de sus obligaciones conforme la ley ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del MIGOB, ya que no reportaron sus estados financieros por cuatro años (2019 al 2022) y su Junta Directiva está vencida desde el 18/04/2022″, reza el acuerdo ministerial publicado ‘La Gaceta’, diario oficial del Gobierno.
En concreto, el texto recoge que la URD, con sede en Diriamba, en el departamento de Carazo, no reportó sus estados financieros “con desgloses detallados de ingresos y egresos”, por lo que “no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos de la universidad”.
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“Los directivos de URD deberán entregar de forma expedita y ordenada a la Dirección de Cumplimiento del Consejo Nacional de Universidades (CNU), la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones”, añade.
De esta forma el CNU “procederá a reubicar a los estudiantes matriculados” en la URD, inscrita como asociación desde 2011, en otras universidades” públicas.
En virtud de esta decisión, el Gobierno de Daniel Ortega ha confiscado todos sus bienes, que pasarán a formar parte del Estado.
El Gobierno de Nicaragua ha retirado la personalidad jurídica de numerosas ONG y organizaciones de la sociedad civil alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo. Hace escasos 15 días, se produjo el cierre de la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP), ambas instituciones privadas registradas como asociaciones.
Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra el Gobierno de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes, por lo que en círculos opositores se entiende como otra medida represiva más por parte de las autoridades.
