Al menos 37 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de este año, dijo este jueves la alta consejera para los Derechos Humanos del Gobierno, Nancy Patricia Gutiérrez, al revelar un informe sobre los crímenes contra los defensores de DD.HH..
"En lo que va corrido del año hay 37 homicidios verificados, haciendo la observación que hay 49 casos en trámite de verificación", aseveró la consejera al presentar en una rueda de prensa el "Informe de Homicidios contra líderes sociales y defensores/as de derechos humanos en Colombia".
Del total de asesinatos confirmados, ocho están en el convulso departamento del Cauca, siete en Norte de Santander, cinco en Putumayo, cuatro en el Valle del Cauca y cuatro en Huila. El resto ocurrieron en otras regiones.
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“Vale la pena insistir en que en Colombia hay 23 tipologías de líderes sociales y defensores de derechos humanos, reconocidos por el sistema de Naciones Unidas y que son una guía para la Fiscalía y para todas las autoridades de investigación a efectos de poder clasificar si un homicidio corresponde efectivamente a la labor de un líder social”, explicó Gutiérrez.
Las cifras oficiales contrastan con las de organizaciones sociales como Somos Defensores, según la cual al menos 47 líderes sociales o defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el primer trimestre de 2020.
Desde la desmovilización de las FARC, 432 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, según los informes anuales del Somos Defensores, que catalogó 2019 como el año más violento para los líderes: 844 agresiones en su contra, desde homicidios y amenazas hasta atentados y desaparición forzada.
Cuatro regiones violentas
Gutiérrez explicó que la intensidad de la violencia contra los líderes sociales se ha concentrado en cuatro zonas, una de las cuales es la subregión del suroccidente conformada por los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
Las otras son el Urabá, en Antioquia y Chocó; la región nororiental, fronteriza con Venezuela y formada por Norte de Santander y Arauca, y las “zonas del país que históricamente sostuvieron una alta afectación por el conflicto armado interno” en Córdoba, Bolívar, Cesar, Meta, Guaviare y Putumayo.
En esas zonas los principales factores de riesgo son los grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y bandas, entre las que están las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y Los Caparros, que se disputan el control de economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.
