Una corte de instrucción de El Salvador reanudó la audiencia preliminar contra la exprimera dama de El Salvador Ana Ligia de Saca y otras 13 personas por lavado de dinero.
La reanudación de la audiencia se da después de que el Juzgado Séptimo de Instrucción la suspendiera el 1 de abril a petición de los defensores, dado que al menos seis de los imputados pretendían pactar con la Fiscalía General de la República Salvadoreña (FGR).
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Los procesados buscaban un acuerdo de “juicio abreviado” en el que confesarían sus delitos a cambio de penas leves.
Según la Fiscalía, entre los procesados se encuentran publicistas y exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
La esposa del expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) fue la primera en buscar este beneficio, informó en noviembre de 2018 el entonces fiscal general, Douglas Meléndez. A cambio recibiría una condena de tres años de trabajos de utilidad pública y libre de cárcel.
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Ella ya había aceptado confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan, pero se retractó luego de que el Ministerio Público de El Salvador exigiera que regrese al Estado 17,3 millones de dólares.
La legislación salvadoreña establece que la Fiscalía puede pactar con los procesados una pena mínima, que no podrá ser apelada en ninguna instancia, a cambio de su confesión y que los jueces deberán respetar el trato.
La ex primera dama y el resto de procesados son acusados de lavar unos 22 millones de dólares, que eran parte de los más de 300 millones que el expresidente Saca malversó.
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El abogado de la exprimera dama, Miguel Ángel Flores Durel, dijo que el juicio sin cárcel queda en peligro porque existe diferencias entre las partes por el dinero que reclama la Fiscalía a su clienta. La fiscalía insiste que, tras declararse culpable frente a un juez, Ana Ligia de Saca debe reintegrar $17,344,229.07.
Pero Flores Durel señala que no están de acuerdo en pagar ese dinero en concepto de responsabilidad civil, por lo que el caso podría juzgarse de manera ordinaria, sin acuerdos con la Fiscalía. La cónyuge de Saca es la primera esposa de un expresidente salvadoreño en ser procesada penalmente en la historia reciente del país centroamericano.
