El caso de la familia Hernández García ha destapado nuevamente la dureza de la política migratoria en Estados Unidos. Durante un viaje por Texas para una consulta médica de su hija de 10 años, la familia fue detenida en un puesto de control pese a presentar documentos médicos y legales que justificaban su desplazamiento. Los agentes migratorios ignoraron las pruebas y separaron a los miembros de la familia.
Tras enfrentar una difícil decisión, los padres aceptaron ser deportados junto a sus hijos, pese a que cuatro de ellos son ciudadanos estadounidenses. Ahora, la familia se encuentra en México sin acceso a la atención médica necesaria para la menor, que sufre inflamación cerebral, y su hermano de 15 años, con problemas cardiacos. Mientras tanto, su hijo mayor, de 17 años, se quedó solo en Texas.
El caso ha generado indignación y ha reavivado el debate sobre las deportaciones de menores ciudadanos y la separación familiar. Activistas de Texas Civil Rights Project han tomado el caso y han iniciado una campaña para presionar al Congreso y exigir la reunificación de la familia.
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