Un jurado en Dakota del Norte ha declarado a Greenpeace responsable de difamación, allanamiento y otras reclamaciones relacionadas con las protestas de 2016 y 2017 contra el oleoducto Dakota Access.
La organización debe pagar más de 660 millones de dólares a Energy Transfer, lo que supone un golpe financiero significativo. Greenpeace planea recurrir el fallo, considerando que la demanda es un ataque a la libertad de expresión.
La empresa Energy Transfer acusó a Greenpeace de pagar a manifestantes para interrumpir la construcción del oleoducto y difundir falsedades sobre el proyecto. Greenpeace rechaza estas acusaciones y afirma que su papel en las protestas fue pacífico y limitado.
La organización también ha presentado una demanda en Países Bajos contra Energy Transfer por intimidación.
