Este sábado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció públicamente respecto de su inclusión —junto a su entorno cercano— en la denominada “Lista Clinton” del Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departmento del Tesoro de los Estados Unidos.
Desde su cuenta en la red social X, Petro sostuvo que la medida carece de fundamento jurídico y, en cambio, persigue una finalidad electoral para interferir en el proceso democrático colombiano de cara a los comicios del próximo año. “La inclusión en la Lista Clinton no tiene base jurídica, sino electoral. Buscan sabotear el proceso democrático en Colombia”, afirmó.
Asimismo, añadió que la medida también incluye a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti. La inclusión de estos integrantes de su círculo íntimo ha intensificado el impacto político de la sanción.
En un giro inesperado, Petro declaró públicamente por primera vez que su relación con Alcocer estaba terminada. “Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente. Ya la oligarquía colombiana había ordenado procesarla, y a mi hijo abrirle varios procesos; es su estrategia electoral”, escribió el mandatario. Este reconocimiento introduce un nuevo matiz personal al escándalo.
Qué implica la sanción y contexto
La Lista Clinton, oficialmente la lista de “Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas” gestionada por la OFAC, permite al Gobierno de los Estados Unidos bloquear bienes, intereses financieros o patrimoniales de las personas incluidas, y prohíbe a ciudadanos o entidades estadounidenses realizar transacciones con ellas.
La inclusión de Petro y su entorno se fundamenta, según el Departamento del Tesoro, en acusaciones de permitir o facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico. En los argumentos de la medida, se afirma que la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles récord y que las políticas del gobierno habrían beneficiado a grupos narcotraficantes.
