Los adules marroquíes, notarios tradicionales encargados de formalizar matrimonios musulmanes y otros actos familiares, iniciaron este miércoles una huelga general de dos días que ha paralizado por completo la firma de contratos nupciales en todo el país, obligando a cerca de 800 parejas a aplazar sus bodas a pocas horas del inicio del Ramadán, previsto para este jueves.
La protesta fue convocada por la Instancia Nacional marroquí de los Adules (INA), que expresó su “profunda indignación” ante la aprobación de un nuevo estatuto profesional por parte del Parlamento, el cual —según denuncian— fue aprobado sin tomar en cuenta sus observaciones ni enmiendas.
Said Sarruj, miembro de la Ejecutiva de la INA, acusó al Gobierno de utilizar su mayoría en la Cámara de Diputados para forzar la tramitación del texto, ignorando las propuestas presentadas tanto por los organismos representativos del gremio como por otros grupos políticos. El dirigente calificó la normativa como “una ley de liquidación de la profesión notarial tradicional y de eliminación de sus derechos adquiridos”, además de denunciar un “exceso de control” que, a su juicio, atenta contra la simbología y la confianza histórica en la institución.
En Marruecos no existe el matrimonio civil, por lo que los adules desempeñan un papel exclusivo en la formalización de contratos matrimoniales ante los Tribunales de Familia. Cada oficina debe contar con al menos dos adules que firman conjuntamente los documentos, redactados en un lenguaje árabe clásico con fórmulas religiosas y retóricas, distinto al estilo técnico de los notarios modernos, quienes no están facultados para elaborar contratos matrimoniales.
Actualmente, el país cuenta con alrededor de 4 mil 176 adules distribuidos en 2 mil 88 oficinas, que formalizan más de 250 mil matrimonios al año —cerca de 400 diarios—, lo que convierte la huelga en una paralización total de las bodas durante los dos días de protesta.
Entre las principales objeciones del gremio figuran las nuevas reglas de acceso a la profesión, que exigen un mayor número de titulados universitarios; la obligación de depender de jueces para validar sus documentos; y un sistema de inspecciones que consideran “excesivo” y que, aseguran, entorpece su labor.
Por su parte, el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, defendió la reforma durante un debate ante la Comisión de Justicia del Parlamento, señalando que la nueva legislación forma parte de una modernización más amplia de las profesiones jurídicas con el objetivo de fortalecerlas. Ante la controversia generada, aseguró que el Gobierno “no trabaja bajo presión”.
