El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso enfrenta nuevas y graves acusaciones que extreman el escenario político.
Jorge Torres Saravia, exfuncionario clave del Parlamento, vuelve a ser noticia, esta vez por una nueva investigación del Ministerio Público que podría sacudir los cimientos del Congreso. La sombra de la controversia lo persigue desde diciembre de 2024, cuando se vinculó su nombre a una presunta red de prostitución dentro del Legislativo, tras la misteriosa muerte de su exasesora Andrea Vidal Gómez.
Un nuevo proceso de corrupción
El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima abrió una investigación contra Torres Saravia por presuntas irregularidades en la contratación de personal entre 2023 y 2024.
¿El motivo? Los delitos de colusión agravada y negociación incompatible, que, según la Fiscalía, habrían provocado un grave perjuicio al Estado.
Durante los próximos 120 días, las diligencias buscarán determinar si las contrataciones bajo su mando cumplieron con las normativas legales o si, por el contrario, respondieron a intereses personales. Entre las medidas iniciales se incluyen la revisión de documentos clave, declaraciones y visitas a las oficinas de Recursos Humanos y Legal del Congreso.
De la contratación a los escándalos
Las investigaciones apuntan a que Torres Saravia habría liderado un esquema que no solo aprovechaba recursos públicos para beneficios privados, sino que también lo conecta con el fallecimiento de Andrea Vidal. Vidal, quien trabajó en el Congreso, murió en circunstancias sospechosas, levantando serias interrogantes sobre su relación con el exfuncionario. Además, el caso involucra a otras figuras del entorno cercano de Torres Saravia, como Isabel Cajo Salvador y Alexandra Gil Ramírez, cuyos expedientes laborales están siendo analizados por las autoridades.
Un abogado menos en su defensa
A esto se suma un nuevo golpe: Benji Espinoza, hasta hace poco su abogado, anunció su renuncia. Según ha declarado a Willax, la decisión responde a “cuestiones económicas”. “No hubo pruebas contundentes hasta el momento en que participó. Lo acompañé solo hasta su citación en el Congreso”, dijo Espinoza, dejando claro que su salida no está relacionada con las denuncias. Sin embargo, días antes había advertido que abandonaría el caso si surgían pruebas que comprometieran a Torres Saravia. Ahora, Juan Peña asumirá su defensa.
Un congreso bajo sospecha
La presunta red de prostitución que operaba en el Palacio Legislativo sigue siendo una herida abierta para el país. De confirmarse las acusaciones, este caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción y abuso de poder en la historia reciente del Perú.
Por ahora, Torres Saravia niega categóricamente las acusaciones, pero la justicia determinará si la verdad está de su lado o si será registrado como uno de los rostros más oscuros del Parlamento peruano.
