El nombre de Panamá vuelve a hacer ruido en España, esta vez dentro de las investigaciones por las presuntas irregularidades con los contratos de Mercasa (Mercado Central de Abastecimientos , S.A.), empresa pública del país europeo enfocada en la distribución alimentaria.
Y es que entre el 24 y 28 de enero próximo se espera que la comisión judicial encargada de esta investigación llegue la país y se entreviste con dos exministros. Ellos son Jimmy Papadimitriu, titular de Presidencia en la administración de Ricardo Martinelli; y Melitón Arrocha, ministro de Comercio en el gobierno de Juan Carlos Varela.
Meliton Arrocha fue diputado electo y ministro de Comercio en el periodo 2015-2019.De momento se ha informado que Papadimitriu y Arrocha serán consultados en calidad de testigos.
La diligencia a Panamá fue aprobada por el juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, quien viajará al país y aprovechará para interrogar a otras personas que estuvieron vinculadas a las operaciones de Mercasa en Panamá, incluyendo empresarios y abogados.
De acuerdo a medios españoles, la Fiscalía de España solicitó estas diligencias hace más de año y medio y en ese entonces pidió información de una entidad bancaria panameña en la que Mercasa abrió una cuenta.
Mercasa es una empresa pública española.En la investigación referente a Panamá, señala el medio, el comisionista que habría intermediado es Melitón Arrocha. “El objetivo es que explique estos aspectos y aclare si realizó estas labores a través de su despacho de abogados con la ayuda de la también letrada Aylen Villareal. En lo que respecta al exministro de Presidencia Demetrio Papadimitriu, Anticorrupción sostiene que intervino en la firma del contrato con fecha de 1 de noviembre de 2010 para la construcción de ocho mercados públicos por importe de 6,5 millones de dólares. “La ejecución de estos contratos mediante la subcontratación de distintas sociedades por parte de Mercasa afecta e incide en la gestión de fondos públicos del estado español”, aclara la Fiscalía.
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La Fiscalía Anticorrupción sostiene que para canalizar los pagos o sobornos a las autoridades y funcionarios públicos extranjeros concertaron acuerdos de consultoría y agencia con distintas personas físicas, a los que pagaban una comisión consistente en un porcentaje de la suma del contrato público conseguido.
Con datos de Europa Press
