El Tribunal Supremo de España confirmó por unanimidad que el histórico Pazo de Meirás debe regresar definitivamente a manos del Estado, al ratificar la sentencia emitida previamente por la Audiencia Provincial de La Coruña. La decisión pone fin a la disputa judicial con la familia del dictador Francisco Franco, que durante décadas mantuvo la posesión del emblemático inmueble ubicado en Galicia.
La Sala Primera del alto tribunal rechazó todos los recursos presentados contra la sentencia inicial y concluyó que el pazo estuvo destinado desde 1938 al servicio de la jefatura del Estado. En su fallo, el Supremo considera que el inmueble funcionó como una dependencia institucional similar al Palacio de El Pardo, por lo que sus ocupantes no podían considerarse propietarios del lugar, al menos hasta la década de los años noventa, cuando dejó de prestar funciones oficiales.
De acuerdo con el tribunal, ese contexto impide que los herederos de Franco pudieran adquirir la propiedad por prescripción, ya que no se ha cumplido el plazo legal de treinta años necesario para reclamar la titularidad por esa vía. Además, la sentencia descarta que existiera una “desafectación tácita” que retirara al pazo su carácter de bien de dominio público.
El fallo también destaca que durante la dictadura resultaba difícil separar los bienes personales de Franco de los del Estado, debido a que el régimen funcionaba como una “autocracia personalista”.
Aunque la familia Franco deberá devolver la posesión del inmueble, el tribunal determinó que los herederos actuaron como poseedores de buena fe. Por esa razón, el Estado deberá indemnizarlos por los gastos necesarios y útiles realizados en el pazo durante el tiempo que lo administraron, conforme a lo establecido en el Código Civil.
