Los procesos de diálogo en Venezuela han dejado una larga lista de expectativas incumplidas. Durante años, muchos sectores anunciaron acuerdos que prometían abrir el camino hacia la justicia, la democracia y una transición política, pero ninguno produjo resultados cercanos a esas necesidades.
En el mejor de los casos, los diálogos terminaron siendo oportunidades desperdiciadas. En otros, fueron utilizados como mecanismos para ganar tiempo, reducir la presión internacional o buscar una legitimidad que el poder político no lograba obtener por otras vías.
El problema no está en dialogar. En una sociedad democrática, la conversación entre adversarios puede ser una herramienta para resolver conflictos y construir acuerdos. Sin embargo, el diálogo pierde sentido cuando no está acompañado de compromisos verificables, garantías para las víctimas y avances concretos en materia de derechos humanos.
En Venezuela, la justicia se ha convertido en una promesa repetida, pero todavía distante. La población conoce numerosos casos de persecución política, torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones de las libertades fundamentales. Esa verdad forma parte de la memoria colectiva, aunque muchas veces no haya llegado a los tribunales con la rapidez y la contundencia que esperan las víctimas y sus familiares.
Durante este siglo, organizaciones y ciudadanos han presentado informes y pruebas ante instancias internacionales, incluida la Corte Penal Internacional, con la expectativa de que se investiguen los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. No obstante, la lentitud de los procedimientos y la falta de resultados visibles han alimentado la frustración y la desconfianza.
La actuación de la Fiscalía de la CPI también ha generado cuestionamientos entre quienes esperan avances en el caso venezolano. La percepción de que algunos procesos internacionales avanzan con mayor rapidez que otros ha llevado a preguntarse si existe una aplicación desigual de la justicia y si las víctimas venezolanas han sido relegadas.
La discusión se vuelve aún más compleja ante la posibilidad de una transición política limitada. Si solo algunos dirigentes, como Nicolás Maduro y Cilia Flores, enfrentaran consecuencias, mientras otros integrantes de la cadena de mando quedaran al margen de las investigaciones, podría consolidarse una forma de impunidad negociada.
Una salida de ese tipo podría presentarse como el costo necesario para alcanzar una democracia tutelada o una semidemocracia. Sin embargo, dejar sin respuestas a quienes participaron en abusos y violaciones de derechos humanos significaría trasladar el problema hacia el futuro y mantener abierta la herida de las víctimas.
Maduro tiene responsabilidades que deberá aclarar ante la justicia, pero la rendición de cuentas no puede limitarse a dos nombres. También deben investigarse las actuaciones de otros funcionarios y colaboradores que pudieron tener participación directa o indirecta en los hechos denunciados.
La experiencia venezolana demuestra que ningún diálogo puede considerarse exitoso si solo sirve para administrar la crisis. Sin verdad, justicia y garantías de no repetición, cualquier acuerdo será apenas una pausa dentro de un conflicto que todavía espera una solución democrática.
