La represión en Venezuela ha aumentado de manera alarmante tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, donde el gobierno de Nicolás Maduro fue declarado ganador sin la presentación de actas de votación. La Misión Internacional Independiente de la ONU ha publicado un informe que acusa al régimen chavista de cometer crímenes de lesa humanidad, señalando que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, especialmente contra opositores y ciudadanos que expresaron su descontento. El informe destaca que tras las elecciones, hubo un incremento en la represión, con al menos 25 muertes y más de 2 mil 400 detenciones durante las protestas. La ONU ha calificado esta situación como la peor ola de represión desde 2019, con un clima de miedo generalizado en la población.
La operación “Tun Tun”, una estrategia utilizada por las autoridades para intimidar a los opositores, ha sido particularmente efectiva, llevando a cabo detenciones en los hogares de aquellos percibidos como críticos del gobierno. Además, el presidente Nicolás Maduro ha destituido a altos funcionarios de inteligencia, lo que indica tensiones dentro del chavismo tras los resultados electorales inesperados. A pesar de estos movimientos internos, el gobierno continúa culpando a la oposición por la violencia y descalificando las protestas como actos extremistas.
La comunidad internacional sigue buscando una solución negociada, pero hasta ahora sin éxito.
