Este lunes se presentó una denuncia de impeachment contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, en medio de una crisis legal que incluye amenazas de muerte contra el presidente Ferdinand Marcos Jr., el uso indebido de fondos gubernamentales y otras acusaciones criminales. La denuncia, impulsada por un grupo de opositores y activistas en la Cámara de Representantes, la acusa de violar la Constitución, corrupción masiva y otros delitos graves, incluyendo las amenazas dirigidas hacia el presidente, su esposa y el presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez.
Los demandantes sostienen que las amenazas de Duterte evidencian su “incapacidad mental” y “depravación”, argumentando que su conducta justifica su destitución inmediata. Además, se le acusa de poseer riqueza inexplicable y de haber permitido ejecuciones extrajudiciales durante su tiempo como alcaldesa de Davao, donde su padre fue alcalde.
La situación política se ha tensado debido a la creciente rivalidad entre Duterte y Marcos. En una conferencia reciente, Duterte afirmó haber contratado a un asesino para matar a Marcos y a otros líderes si ella fuera asesinada, aunque luego aclaró que sus comentarios fueron malinterpretados. Actualmente, la Cámara investiga el uso presuntamente indebido de 612,5 millones de pesos (10,3 millones de dólares) en fondos asignados a su oficina como vicepresidenta y exsecretaria de Educación.
Duterte ha enfrentado audiencias difíciles y ha protestado por la detención temporal de su jefa de gabinete por obstrucción a la investigación. La policía también ha presentado cargos penales contra ella y su equipo por agredir a funcionarios durante un altercado en el Congreso.
A pesar del apoyo mayoritario de los aliados de Marcos en la Cámara, los opositores insisten en que el impeachment es necesario para promover la rendición de cuentas.
