La madre de Noelia Castillo, la joven catalana que recibió la eutanasia el pasado 26 de marzo tras una larga batalla judicial, presentó dos denuncias ante las fiscalías de Barcelona y Tarragona para que se investiguen dos presuntas violaciones que, según sostiene la familia, marcaron el inicio del drama que culminó con el intento de suicidio que la dejó parapléjica.
De acuerdo con las denuncias, que incluyen escritos manuscritos de la propia Noelia y diversa documentación, la primera agresión habría sido cometida por una expareja con la que mantuvo una relación de cuatro años. La segunda, presuntamente, ocurrió en Salou, donde la joven afirmó que fue drogada por un camarero y posteriormente violada por tres hombres.
Según el relato presentado por la madre, tres días después de esa segunda agresión Noelia intentó quitarse la vida. Sobrevivió, pero las lesiones sufridas la dejaron parapléjica y con un intenso sufrimiento físico y psicológico.
Las denuncias sostienen que los hechos podrían constituir dos delitos de violación con circunstancias agravantes y solicitan que el Ministerio Público impulse las diligencias necesarias para identificar a los presuntos responsables. Los casos fueron presentados por separado debido a que ocurrieron en distintas provincias.
La familia asegura que en su momento no denunció por falta de pruebas, pero tras la muerte de Noelia tuvo acceso a nueva documentación que, según afirman, permitiría avanzar en la identificación de los supuestos agresores.
Abogados Cristianos, que representa a la madre, recordó que el fallecimiento de la víctima no impide la persecución penal de estos delitos y pidió a las autoridades continuar con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.
El caso de Noelia Castillo cobró notoriedad en España por el prolongado proceso judicial que enfrentó antes de acceder a la eutanasia. La joven esperó 601 días para recibir la prestación, debido a un recurso presentado por su padre, quien intentó impedir el procedimiento alegando que su hija no estaba en condiciones de decidir. Sin embargo, la justicia rechazó esa petición en varias instancias y concluyó que Castillo tenía plena capacidad para ejercer el derecho reconocido por la legislación española.
