En una medida sin precedentes, el Gobierno de Estados Unidos está pagando actualmente a más de 154 000 empleados federales para que no regresen a sus puestos de trabajo, como parte del programa de “renuncia diferida” implementado por la administración del expresidente Donald Trump.
La estrategia busca reducir el tamaño de la burocracia federal sin despidos directos: los empleados aceptan voluntariamente renunciar al final del año fiscal (30 de septiembre) o al 31 de diciembre de 2025, pero permanecen en nómina con salario completo e incluso beneficios adicionales.
Este grupo representa alrededor del 6.7 % del total de 2.3 millones de trabajadores civiles del gobierno. Aunque presentado como una salida digna y eficiente, críticos y sindicatos han advertido que el programa ha costado al Gobierno unos 21 700 millones de dólares, sin generar ahorros reales inmediatos.
Esto se enmarca dentro de un plan más amplio impulsado por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado para reestructurar agencias e implementar despidos masivos. El periodista de The New Yorker lo describe como una purga que ha deteriorado la moral y la operatividad en agencias clave del gobierno federal.
Aunque defensores del plan aseguran que ofrece una salida voluntaria generosa y legal, y que representa un alivio para el contribuyente, el panorama completo expone cortes profundos y tensiones internas dentro del gobierno estadounidense.
