Italia encendió una polémica nacional tras la propuesta de aplicar la castración química a violadores y pedófilos condenados. La iniciativa, presentada por la Liga (Lega) de Matteo Salvini, busca que el procedimiento se realice de manera voluntaria como parte de las medidas para reducir la reincidencia en delitos sexuales graves.
El tema sacudió la arena política y colocó al gobierno de Giorgia Meloni en medio de un intenso debate. Mientras sectores conservadores defienden la propuesta como un “acto de justicia” para proteger a las víctimas, críticos y organismos de derechos humanos advierten que la medida atenta contra la dignidad corporal y podría abrir la puerta a abusos legales.
Según Salvini, la castración química sería un recurso alternativo a la cárcel prolongada y permitiría “dar un mensaje claro a quienes destruyen vidas con sus crímenes”. Sin embargo, en el propio Consejo de Ministros ya se escuchan voces en contra, incluso desde aliados de Meloni que alertan sobre la compatibilidad de esta práctica con la Constitución y los tratados europeos de derechos humanos.
La iniciativa se inspira en programas aplicados en países como Polonia, Corea del Sur y algunos estados de EE.UU., donde la castración química se ha utilizado en ciertos casos. No obstante, en Italia sería la primera vez que el Parlamento discuta formalmente una ley de este tipo.
Organizaciones feministas y asociaciones de psicólogos han pedido que se ponga el foco en políticas de prevención, rehabilitación y educación sexual, en lugar de apostar por medidas “extremas y de dudosa eficacia”.
El proyecto será evaluado en las próximas semanas por el Parlamento italiano, en un clima marcado por la división entre el deseo de mano dura y la defensa de los derechos fundamentales.
