La Superintendencia de Control del Poder de Mercado de Ecuador ha multado con 57 millones de dólares a Odebrecht por haber ejecutado acuerdos colusorios en la construcción y reparación de dos centrales hidroeléctricas.
En concreto, la multa total ha ascendido por encima de los 58 millones de dólares de los cuales 57 corresponden a la constructora brasileña y otros 1,34 millones a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) por acuerdos colusorios verticales, según ha indicado en un comunicado.
El llamado acuerdo colusorio vertical se dio entre la Celec, en calidad de entidad contratante, y Odebrecht como proveedor estatal, para la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu, así como la reparación del túnel de carga de la Central Hidroeléctrica Pucará.
Estas dos obras fueron adjudicadas por parte de Celec a Odebrecht e incrementaron en 130 millones de dólares el precio a lo largo de su construcción, provocando que se cancelen montos superiores a lo previsto en los presupuestos.
LEA TAMBIÉN: Nuevo presidente tico aumenta el salario de su Gabinete
El organismo acusa a las empresas de infringir el artículo 11, numeral 21, de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (Lorcpm), que prohíbe y sanciona los acuerdos colusorios verticales, efectuados entre operadores económicos, en procesos de contratación pública, cuyas actuaciones hayan sido realizadas al margen de lo previsto en la ley.
“El acuerdo colusorio vertical que sirvió para la adjudicación de los procesos de contratación pública distorsionó la competencia por cuanto eliminó la incertidumbre en el mercado”, indica el organismo.
La existencia de este acuerdo colusorio ha sido probada a través de un acuerdo de culpabilidad (‘Plea Agreement’) suscrito por el abogado de Odebrecht ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos; así como un acuerdo de colaboración premiada de José Conceição Santos, exdirector superintendente de Odebrecht Ecuador, ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
También se han alegado sentencias ejecutorias dictadas por la justicia ecuatoriana y otros informes de legalidad de los proyectos hidroeléctricos emitidos por la Procuraduría General del Estado. En última instancia, el regulador ecuatoriano ha impuesto como medida correctiva a Odebrecht la implementación de un programa de ‘compliance’, con el objetivo de “capacitar a los directivos de los sancionados respecto de los acuerdos colusorios verticales”.
