Lula ya fue condenado en dos de los nueve procesos que tiene abiertos.Luiz Inácio Lula da Silva ha visto cómo aumentaba su cifra de procesos judiciales pendientes. La justicia autorizó el inicio de una nueva causa contra él y con ello, se enfrenta a su décima acusación desde 2016. La Justicia Federal de Brasilia consideró que hay indicios para que el expresidente, encarcelado desde hace poco más de un año en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, sea investigado bajo la acusación de recibir un soborno de la constructora Odebrecht a cambio de favores políticos.
Lula ya fue condenado en dos de los nueve procesos que tiene abiertos. “Está encarcelado desde abril del año pasado por corrupción y blanqueo de capitales”.
LEA TAMBIÉN: De terror. David Placer: ‘Maduro gasta cientos de miles de dólares en santeros cubanos’
Sentencias confirmada por el Tribunal Superior de Justicia (STJ), por sus siglas en portugués), la tercera instancia de la Justicia brasileña, donde su pena fue reducida a 8 años y 10 meses de prisión. La otra condena, de 12 años y 11 meses por el caso del chalet de Atibaia fue decretada solo en primera instancia la pena solo puede empezar a cumplirse tras la condena en segundo grado.
El juez Vallisney de Oliveira, que ya había abierto otros dos procesos contra Lula,aceptó la nueva denuncia de la Fiscalía, que también acusa a los exministros Antonio Palocci y Paulo Bernardo.
El Ministerio Público argumenta que los tres participaron, en 2010, en la recepción de sobornos por valor de 40 millones de dólares a cambio de beneficios para Odebrecht por medio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes).
LEA TAMBIÉN: ¿Cuántos venezolanos abandonaron su país por la crisis?
Según la Fiscalía, la institución había elevado a 1.000 millones de dólares un préstamo concedido a Angola, cuyo Gobierno mantenía un contrato con la constructora brasileña; el empresario Marcelo Odebrecht también está entre los acusados de esta causa.
Lula también se le investiga por, presuntamente, vender medidas provisionales para favorecer a fabricantes de automóviles en dos procesos surgidos a partir de la Operación Zelotes.
