Once organizaciones democráticas y opositoras de Nicaragua alzaron la voz este viernes para calificar de “ruptura del orden constitucional” la reforma parcial a la Constitución aprobada el 1 de septiembre y publicada al día siguiente. En un comunicado conjunto, los grupos advirtieron que el cambio no es un acto jurídico válido y llamaron a la comunidad internacional a no reconocerlo.
Qué dice el comunicado y a quién va dirigido
El texto está dirigido a la población nicaragüense, a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a las Naciones Unidas y a organismos de derechos humanos. Las organizaciones sostienen que el proceso legislativo no representó un ejercicio legítimo de la potestad de reforma del Estado, sino una maniobra para consolidar la concentración del poder y excluir a sectores opositores.
Según los firmantes, la iniciativa busca “sepultar formalmente el principio de soberanía popular” e institucionalizar prácticas represivas del régimen. Denuncian que el debate parlamentario fue reemplazado por una Asamblea Nacional sin independencia, que aprobó con rapidez, por unanimidad y sin escrutinio ciudadano un texto elaborado de forma reservada.
Qué cambia con la reforma y por qué genera rechazo
La reforma, impulsada por el oficialismo, modifica la Constitución para excluir de cargos públicos a quienes sean calificados de “traidores a la patria” o “golpistas”, una categoría que el régimen ha usado contra opositores, muchos de ellos en el exilio. Además, amplía el mandato presidencial de seis a siete años y establece que las leyes extranjeras no tendrán efecto jurídico en Nicaragua, mientras cancela la personería jurídica a partidos con financiamiento externo.
Para entrar en vigor, la reforma debe ser ratificada en una segunda legislatura, prevista para 2027. Aun así, la oposición y varios gobiernos extranjeros ya han manifestado su rechazo, argumentando que la medida cierra los espacios democráticos y prolonga el mandato del actual régimen.
Reacciones internacionales y presión sobre el régimen
Estados Unidos, a través del secretario de Estado, anunció que implementará medidas contra Nicaragua tras la aprobación de la reforma, y pidió a sus socios internacionales suspender operaciones comerciales con el país. La OEA advirtió que la modificación “restringe aún más la participación política, prolonga los mandatos y cierra los espacios democráticos”, y calificó la situación de “desastre político”.
Las once agrupaciones opositoras llamaron a los gobiernos y organismos multilaterales a desconocer la reforma, declarar su ineficacia jurídica y mantener la solidaridad con los nicaragüenses. Con este pronunciamiento, la oposición busca presionar para que la comunidad internacional no valide un cambio que, a su juicio, anula las elecciones pluralistas y consolida un sistema de partido único.
