Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, ha impulsado una controvertida reforma constitucional que extiende los periodos presidenciales de cinco a seis años y establece el cargo de “copresidenta”, que será ocupado por su esposa, Rosario Murillo. Esta modificación, aprobada por una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, refuerza el control del régimen sandinista sobre las instituciones del país y ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional.
La reforma amplía significativamente los poderes del Ejecutivo, permitiéndole coordinar directamente los tres poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Electoral. Según el texto, el presidente tendrá la función de “articular y supervisar” las acciones de estos órganos, lo que anula la separación de poderes y concentra aún más la autoridad en manos de Ortega y Murillo.
Además de los cambios estructurales, se incorporan disposiciones simbólicas que subrayan la ideología del régimen, como la designación de la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo patrio. También se reafirma la demanda histórica de Nicaragua contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia por su intervención en la guerra civil de los años 80, un tema recurrente en el discurso de Ortega que busca culpar a potencias extranjeras por las crisis internas del país.
El contexto en el que se aprueban estas reformas está marcado por un ambiente de creciente represión. Desde las protestas de 2018, que dejaron cientos de muertos y miles de detenidos, Ortega ha eliminado prácticamente toda oposición política, cerrando medios de comunicación independientes, encarcelando a líderes críticos y forzando al exilio a decenas de miles de nicaragüenses.
(Con información de www.infobae.com)
