El Parlamento de Nicaragua, bajo el control del régimen de Daniel Ortega, ha aprobado un paquete de reformas constitucionales que consolidan su poder. Las reformas extienden el periodo presidencial de cinco a seis años y crean el título de “copresidenta” para Rosario Murillo, esposa de Ortega. Esto permite a ambos coordinar los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, eliminando la separación de poderes y aumentando el control sobre los medios de comunicación.
Además, las reformas otorgan al presidente la facultad de ordenar al Ejército que apoye a la policía y permiten a los agentes de seguridad ocupar temporalmente cargos en el poder Ejecutivo. También se establece que si uno de los copresidentes fallece, el otro asumirá el cargo sin necesidad de elecciones.
Estas modificaciones han sido criticadas por organizaciones como la OEA y la ONU, quienes advierten sobre la erosión del estado de derecho y las libertades fundamentales en Nicaragua.
En paralelo, el régimen ha disuelto otras diez ONG, sumando más de 5 mil 600 organizaciones cerradas desde 2018. La ministra del Interior justificó estas disoluciones por incumplimientos legales y solicitudes voluntarias por parte de algunas organizaciones.
