Con el país aún de luto y cientos de familias exigiendo justicia, el empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, salió este viernes en libertad tras pagar una fianza de 50 millones de pesos dominicanos (alrededor de 850 mil dólares), en medio de la controversia por la tragedia del pasado 8 de abril, que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.
Espaillat abandonó el Palacio de Justicia de Santo Domingo sin responder preguntas de la prensa, luego de que un tribunal le otorgara la medida bajo fianza a él y a su hermana Maribel Espaillat, también imputada. Ambos enfrentan cargos por homicidio involuntario, formulados por el Ministerio Público, que ya anunció que apelará la decisión judicial.
Además de la fianza, el tribunal les impuso impedimento de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía del Distrito Nacional. El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para su hermana, pero la jueza Fátima Veloz optó por medidas menos restrictivas.
La tragedia ocurrió mientras se presentaba el icónico merenguero Rubby Pérez, quien murió junto a uno de los músicos de su orquesta y decenas de asistentes. El derrumbe del techo ocurrió con el local lleno, y aún se investigan las condiciones estructurales y la permisología del establecimiento.
“El país está airado”, declaró el abogado Ángel Lockward, representante de varios familiares de las víctimas, al referirse a la decisión judicial. El caso ha desatado una ola de críticas en redes sociales y medios nacionales, que califican el fallo como una burla al dolor de las víctimas.
Mientras tanto, la sociedad dominicana observa con indignación cómo una de las mayores tragedias recientes en el país avanza por los pasillos de la justicia, ahora con sus principales responsables en libertad provisional.
