En una sesión celebrada a última hora del martes, el Parlamento del Reino Unido aprobó por mayoría una enmienda que despenaliza el aborto, pero de manera limitada: la nueva normativa exime exclusivamente a las mujeres que se sometan al procedimiento de cualquier responsabilidad penal.
La medida, considerada un avance parcial por sectores progresistas y feministas, mantiene sin embargo la persecución penal para el personal sanitario que practique abortos fuera de los supuestos legales vigentes. Del mismo modo, cualquier persona que facilite, colabore o participe en la interrupción del embarazo al margen de lo estipulado por la ley, seguirá enfrentando consecuencias judiciales.
La votación ha generado un amplio debate entre quienes consideran que es un paso necesario hacia la protección de los derechos reproductivos de las mujeres, y quienes critican que la medida no garantiza un acceso seguro y pleno al aborto.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han calificado la reforma como “insuficiente” y advierten que mantener sanciones para el personal médico puede seguir dificultando el acceso efectivo a servicios de aborto seguro.
La nueva disposición legal aún debe pasar por una fase de implementación y posibles ajustes reglamentarios antes de entrar plenamente en vigor.
