Las autoridades iraníes han ejecutado en lo que va de año a más de 500 personas, según el recuento elaborado por la ONG Iran Human Rights (IHR), con lo que 2022 supera a los cinco años anteriores en ejecuciones de la pena capital.
El grupo denuncia además que más de la mitad de los ejecutados el mes pasado eran de la minoría baluche. En todo el año los baluches suponen el 30% de las ejecuciones pese a que suponen entre el 2% y el 6 % de la población de Irán.
HRI ha denunciado esta práctica “cruel e inhumana” y ha criticado “la ejecución de presos políticos por delitos relacionados con la seguridad supone una violación del Derecho Internacional Humanitario.
El grupo ha mencionado en particular a Hosein Ordujanzado, Shahin Imani Moah, Milad Ashrahan Atbatan y Manuchehr Bejandi, condenados por colaborar con el Mossad israelí, según un comunicado recogido por su agencia oficial de noticias, Mizan.
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Estos “alborotadores”, como los describe la Judicatura iraní, fueron detenidos en junio por la Guardia Revolucionaria de la República Islámica y fueron condenados a muerte poco después, por cooperar con el Mossad y por secuestro.
De acuerdo con el comunicado, los cuatro condenados también provocaron “daños a la propiedad pública y privada” y efectuaron “operaciones de compraventa de armas” a las órdenes de un agente israelí a cambio de criptomoneda.
Otros tres imputados en este caso fueron condenados a entre 5 y 10 años de prisión por delitos como atentar contra la seguridad del país, colaborar en secuestros y portar armas de fuego.
