Tras asumir como el 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha implementado de manera inmediata una serie de órdenes ejecutivas que marcan un regreso a sus políticas más controvertidas. Desde su juramento, firmó múltiples decretos que buscan transformar diversos aspectos del gobierno y la sociedad estadounidense.
Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur, lo que le permite movilizar recursos y tropas para construir el muro fronterizo. También se detuvo el uso de una aplicación que facilitaba citas para solicitantes de asilo y se busca redefinir la ciudadanía por derecho de nacimiento. Además, anunció que el gobierno federal solo reconocerá dos géneros, masculino y femenino, limitando derechos a personas trans, incluyendo su participación en deportes femeninos.
También revocó las políticas ambientales de la administración Biden, incluyendo la salida del Acuerdo de París y el fin del Pacto Verde. Prometió una “emergencia nacional energética” para reactivar la producción de combustibles fósiles. Firmó indultos para más de mil 500 personas condenadas por su participación en el asalto al Capitolio en 2021, lo que ha suscitado críticas y preocupaciones legales.
Anunció revisiones a aranceles comerciales y planes para establecer un nuevo organismo, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por figuras como Elon Musk y Vivek Ramaswamy, aunque este último ha decidido no participar.
Trump retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud nuevamente y revisará el gasto en ayuda exterior, reafirmando su enfoque proteccionista.
Estas acciones reflejan un intento claro de desmantelar las políticas implementadas por Biden y reafirmar su agenda “America First”, prometiendo una “revolución del sentido común” en su discurso inaugural. Sin embargo, muchos de estos decretos enfrentan desafíos legales inminentes.
