En una operación policial realizada en la madrugada del 12 de diciembre de 2024, Wellington Bladimir Anchundia Ramírez, cabo primero de la Policía Nacional del Ecuador, fue detenido en su domicilio en Jipijapa, provincia de Manabí. La captura se dio tras meses de investigación que lo vinculan con el entrenamiento de menores de edad para cometer asesinatos como parte de una estructura criminal organizada.
Los ladridos de los perros alertaron a los vecinos mientras los agentes irrumpían en la vivienda de Anchundia, ubicada en una casa de bloque visto. El allanamiento reveló evidencia clave: dos celulares, una cámara de video, una bala y el uniforme policial del detenido. Según un informe policial, en el celular de uno de los adolescentes entrenados por Anchundia se encontró un video donde se observa al cabo enseñándole a disparar con su arma de dotación, una Glock aparentemente perteneciente al Estado.
La investigación reveló que los menores eran entrenados para ejecutar sicariatos. Dos adolescentes, capturados meses antes por asesinato y ataque armado en una pastelería, confesaron haber sido instruidos por Anchundia. Ambos ya han sido condenados a ocho años de prisión por sus crímenes.
Inicialmente, Anchundia iba a ser procesado por trata de personas con fines de reclutamiento forzoso, un delito tipificado en el Código Penal ecuatoriano que contempla penas severas. Sin embargo, en marzo de 2025, la Fiscalía reformuló los cargos y lo acusó de asociación ilícita. Este cambio implica que los menores no son considerados víctimas del reclutamiento, sino parte activa de la estructura criminal. La decisión ha generado críticas porque diluye la posibilidad de juzgar al policía por el reclutamiento y formación de menores para matar.
Anchundia, de 33 años y padre de siete hijos, quien hasta antes del caso desempeñaba funciones administrativas y patrullaje en motocicleta, es ahora símbolo del deterioro institucional en Ecuador. Su implicación refleja cómo bandas criminales han infiltrado cuerpos policiales para fortalecer sus operaciones. Según expertos, estas organizaciones suelen captar menores por su vulnerabilidad y facilidad para manipularlos bajo amenazas o promesas falsas.
Este caso es también un llamado a revisar las políticas públicas sobre crimen organizado y protección infantil. Mientras los adolescentes enfrentan condenas severas, el destino judicial de Anchundia aún está por definirse. Si es encontrado culpable solo por asociación ilícita, podría recibir una pena menor a la que enfrentan los jóvenes que él mismo entrenó.
