El presidente de Bolivia, Luis Arce, se encuentra en medio de un proceso judicial por presunta omisión de asistencia familiar y abandono de una mujer embarazada. La denuncia fue interpuesta por Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), quien asegura que Arce es el padre de su hijo, nacido prematuramente en diciembre del año pasado.
Según Lafuente, la relación comenzó en 2023, después de que ella dejara su puesto en la AJAM. Se embarazó en abril de 2024 y, al comunicarle la noticia al mandatario, este mostró dudas sobre la paternidad y evitó cualquier contacto posterior, dejándola “en un abandono absoluto durante el embarazo”. La exfuncionaria, abogada de profesión, afirma que hasta el momento no ha recibido apoyo moral ni económico por parte de Arce.
El presidente, que compareció ante la Fiscalía de Cochabamba el jueves, se defendió diciendo que se ajustará “a toda la normativa legal correspondiente” y aseguró que su abogado particular lo representará en el proceso. Por su parte, Lafuente denunció que la prueba de ADN para confirmar la paternidad, que debía realizarse esta semana, fue suspendida. La denuncia sostiene que las sospechas de posibles influencias de poder en el proceso han llevado a su defensa a exigir la presencia de un perito para asegurar la transparencia de la prueba.
Este caso ha revivido críticas hacia Arce, quien ya había estado involucrado en escándalos previos relacionados con presuntas relaciones clandestinas y abuso de poder. En octubre del año pasado, una mujer lo denunció por abuso sexual y hostigamiento para que abortara, aunque el caso perdió fuerza por su tintaje político.
Lafuente, además, ha acusado al presidente de utilizar su cargo para amenazar su carrera profesional, alegando que le dijo que nunca encontraría trabajo en el Gobierno mientras él estuviera en el poder. Esta situación ha generado una creciente ola de violencia social y económica contra la denunciante, quien exige una pensión mensual de aproximadamente mil 150 dólares.
