La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la única organización no gubernamental en El Salvador dedicada a defender el derecho de las mujeres a decidir durante el embarazo, anunció su disolución legal, en medio de lo que califica como un deterioro de las garantías y libertades en el país.
Con más de dos décadas de trabajo, la organización informó que continuará su labor “desde el activismo, la empatía y la solidaridad”, pero ya no bajo la figura jurídica de ONG. Morena Herrera, expresidenta de la agrupación, aseguró que durante los seis años y medio de gestión del presidente Nayib Bukele se ha producido una “involución” en la protección de los derechos de las mujeres.
Según Herrera, el Gobierno adoptó una postura más conservadora que ha cerrado espacios de diálogo con instituciones como el Ministerio de Salud, Educación y la Policía, con las que antes coordinaban denuncias por abuso sexual. La activista afirmó que el entorno actual es “incompatible” con el funcionamiento de la organización.
En sus más de 20 años de trayectoria, la agrupación logró la liberación de 81 mujeres condenadas por aborto desde 2009. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Beatriz, obligada en 2013 a continuar un embarazo de un feto con anencefalia que ponía en riesgo su vida. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diciembre de 2024 condenó al Estado salvadoreño. Beatriz falleció en 2017 y la sentencia fue considerada una reparación póstuma.
La disolución ocurre en un contexto que activistas describen como adverso para las organizaciones de derechos humanos. En 2025 entró en vigor la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a las organizaciones con financiamiento internacional a registrarse y entregar el 30% de sus ingresos al Estado. Ese mismo año, más de 50 periodistas y defensores abandonaron el país por temor a represalias.
