Aunque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha anunciado con bombo y platillo los preparativos para la Semana Santa 2025 en Nicaragua —que incluyen vacaciones para empleados públicos del 11 al 22 de abril, más de 14 mil policías desplegados, más de 2 mil patrullas en las calles, y un sinfín de actividades recreativas en balnearios— hay un detalle que ha sido omitido cuidadosamente en los discursos oficiales: las procesiones religiosas siguen prohibidas en la vía pública.
Rosario Murillo, vocera habitual del régimen, destacó que “todos los aspectos festivos, turísticos, de tradición, de unión de familias, de comunidades, de gastronomía, estarán cubiertos”, sin mencionar en absoluto las restricciones religiosas que, de facto, persisten en el país.
Aunque no existe un decreto explícito que prohíba las procesiones, fuentes religiosas aseguran que las iglesias están bajo constante vigilancia policial, con agentes ubicados en las inmediaciones y dentro de los templos, muchos vestidos de civil, grabando y fotografiando las actividades religiosas.
“Los sacerdotes han sido advertidos por los jefes policiales locales de que no pueden realizar procesiones en las calles. Si lo hacen, esta vez serán arrestados”, reveló a Infobae una fuente clerical bajo condición de anonimato.
La represión contra la Iglesia católica no es nueva. En la Semana Santa de 2022 se impidió la realización de más de 3 mil actos religiosos, incluidos viacrucis y peregrinaciones, según la abogada exiliada Martha Patricia Molina. En muchos casos, los ritos solo se permitieron dentro de los templos y bajo estricta vigilancia policial.
Ese mismo año, al menos 20 personas fueron arrestadas por participar en actividades religiosas, incluido el periodista Víctor Ticay, detenido por transmitir una celebración en redes sociales. Ticay fue liberado y desterrado en septiembre de 2024.
Para esta Semana Santa 2025, la situación no es diferente. Un sacerdote entrevistado en el anonimato afirmó que se mantendrán las celebraciones “dentro de los templos” y bajo supervisión, además de la censura en temas como democracia y derechos humanos.
Entre abril de 2018 y diciembre de 2024, Molina ha documentado 971 ataques contra católicos en Nicaragua, incluyendo agresiones físicas, detenciones, profanaciones, destrucción de sitios religiosos y confiscaciones de propiedades. Solo en 2023 se registraron 321 ataques, mientras que en 2024 hubo 177. Además, 266 religiosos han sido expulsados, exiliados o se les ha negado el ingreso al país, con un alarmante pico de 64 expulsiones en 2024.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU ha advertido que el régimen de Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la iglesia católica y otras denominaciones cristianas desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018.
Así, Nicaragua vive una Semana Santa bajo control estatal, donde las celebraciones religiosas deben adaptarse al miedo, la vigilancia y el silencio.
