El Senado de Brasil aprobó la noche del miércoles un controvertido proyecto de ley que reduce las penas de cárcel impuestas al expresidente Jair Bolsonaro y a otros condenados por la intentona golpista posterior a las elecciones de 2022. La iniciativa salió adelante con 48 votos a favor, 25 en contra y una abstención, y ya había sido avalada la semana pasada por la Cámara de Diputados, por lo que solo resta la sanción presidencial para entrar en vigor.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, opositor frontal a la medida, anunció que vetará la ley. Sin embargo, el veto tendría un impacto más simbólico que efectivo, ya que el Congreso puede restituir el texto de inmediato. Desde sectores de izquierda también se evalúa llevar la norma ante el Tribunal Supremo, bajo el argumento de que podría ser inconstitucional.
La ley fue aprobada menos de un mes después de que Bolsonaro comenzara a cumplir una condena de 27 años y tres meses de prisión por cinco delitos vinculados al intento de ruptura institucional para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022. En los pasillos del Congreso, la posibilidad de una amnistía se discutía desde días después del fallo judicial, pero las protestas sociales y la falta de respaldo político obligaron a la derecha a replantear su estrategia.
El texto aprobado introduce cambios en la llamada “dosimetría” penal. Reduce las penas por delitos cometidos “en ambiente de multitud” y evita la acumulación de condenas cuando varios delitos ocurren en un mismo contexto, aplicando solo la pena más grave. Con este nuevo cálculo, la condena de Bolsonaro podría reducirse de 27 a unos 21 años, y el tiempo en régimen cerrado pasaría de seis años a aproximadamente dos, aunque esto dependerá de interpretaciones judiciales.
La situación personal del exmandatario también está marcada por su estado de salud. Sus abogados insisten en que cumpla prisión domiciliaria y han solicitado autorización para una operación “urgente” por dos hernias inguinales. El miércoles, peritos de la Policía Federal lo examinaron y será el juez Alexandre de Moraes quien decida si autoriza la intervención.
(Con información de www.elpais.com)
